Disturbios

Argumentario 34

Por enaltecer el terrorismo un rapero fue condenado a la cárcel y las calles de Barcelona o Valencia vivieron de nuevo disturbios, vandalismo y violencia verbal y física.

El terrorismo que ha asesinado en España a 1.500 personas, niños, mujeres, jóvenes, adultos, policías, guardias civiles, militares, políticos, jueces, profesores, familiares, ciudadanos anónimos en tareas cotidianas, empresarios, trabajadores, funcionarios, no puede ser ni enaltecido, ni edulcorado, ni justificado. Ha de ser perseguido en todas sus facetas y expresiones, desde el atentado hasta su blanqueamiento.

Los disturbios de los bárbaros de ayer, que son muy parecidos a los que se protagonizan cuando salen a la calle bajo la bandera del independentismo o de cualquier circunstancia defendida por la izquierda radical, tienen un componente peligroso como nunca en 40 años de democracia.

Podemos está en el gobierno de España. Bildu forma parte del pacto de investidura de Sánchez. Y ERC, socio parlamentario del PSOE va a seguir su ruta golpista.

Este es el problema grave:
En las instituciones están quienes alentaron, organizaron y protagonizaron algaradas, sentadas, concentraciones, contramanifestaciones, ocupaciones de la vía pública o de inmuebles privados, contra el ordenamiento y la convivencia.

Hoy en el gobierno la mitad pone en cuestión la democracia y sus instituciones y, la otra mitad calla. Desde el Parlamento los socios del propio gobierno atacan la unidad de España y la libertad constitucional.

Y además desde dentro del gobierno se pretende indultar a los golpistas, rebajar las condenas por sedición y dejar sin persecución legal cualquier acto contra las libertades de los españoles, contra la religión o contra la monarquía.

Los disturbios también forman parte del paisaje y el discurso político de la izquierda radical hoy en el poder.

Más esquizofrenia política para una época compleja y llena de incertidumbre que vive nuestro país.

Las algaradas callejeras son inadmisibles, las manifestaciones que las justifican por acción, omisión o futuras despenalizaciones imperdonables.

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